Son varios los indicadores que señalan
a la inseguridad ciudadana como el problema
central para la vida cotidiana de todos los peruanos.
Para el ciudadano de a pie esta
situación se expresa de la manera más sencilla, pues requiere transitar,
comprar, vender, llevar a los hijos al colegio, viajar y trabajar con una sola
y elemental condición: hacerlo en paz y tranquilidad, no ser agredido,
asaltado, vejado o amenazado.
Nuestro objetivo es darle a nuestras fuerzas del orden un
nuevo rostro, más cercano a
la población, más atento a sus necesidades, con mejor equipamiento.
Hemos iniciado un ambicioso programa de mejoramiento de comisarías, destinando 600 millones de nuevos soles.
Además, estamos mejorando los
sistemas de comunicación con la adquisición
de la central de comunicaciones única que permitirá la comunicación en
línea con MINSA, bomberos, Defensa Civil, Municipalidades, entre otros, para
proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía.
Adicionalmente, he dispuesto que las instalaciones policiales que se encuentren en
campamentos o en propiedad de empresas privadas sean retiradas progresivamente
en la medida que se cuenten con locales adecuados para su funcionamiento y
servicio a la comunidad.
El Sistema penitenciario también necesita una atención especial.
El sistema ha crecido en 12 mil
presos más en solo un año. Por ello se ha declarado en emergencia al INPE con
el objeto de dictar medidas excepcionales para el mejoramiento de las
condiciones de seguridad de los Establecimientos Penitenciarios de todo el
país.
Se viene también combatiendo el
hacinamiento y la corrupción. En este sentido se han iniciado los procesos de
dos nuevos penales en Cochamarca (Pasco)
y Chincha, efectuándose procesos de
inversión privada de obras por impuestos con el concurso de los gobiernos
regionales.
Se aprobó el Reglamento de la Ley de Carrera Especial
Pública Penitenciaria, que implica un cambio sustantivo en el personal,
con incremento de sueldos y un sistema de carrera para los servidores.El 20% del total del
personal del INPE ingresará al nuevo régimen lo que implicará un sustantivo
aumento de remuneraciones.
El tema de la
seguridad ciudadana nos convoca a todas las autoridades locales, regionales y
nacionales. Por ello, desde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
que mi gobierno ha implementado continuaremos realizando nuestros mayores
esfuerzos buscando estructurar
órganos más operativos, para combatir el flagelo de la criminalidad y la
delincuencia.
Otros dos problemas
de prioritaria atención son, sin duda, el narcotráfico y el terrorismo.
El Estado debe ser capaz de defender a sus
ciudadanos frente a estas amenazas internas, y esto implica un trabajo conjunto
con todas las fuerzas vivas de la nación. Ninguna estrategia puede ser viable
sin el involucramiento de toda la clase política, del sector privado y la
sociedad civil pues, estos flagelos se hacen fuertes en medio de la complicidad
y la desidia. Si algo distingue a mi gobierno, es su firme decisión de
enfrentar de manera frontal, hasta su derrota definitiva al narcotráfico y el
terrorismo.
En lo que va del
gobierno, hemos logrado pacificar el
Alto Huallaga, y ahora nos encontramos en la tarea de consolidar este
proceso materializando la presencia del Estado de Derecho a través de la
ejecución de proyectos e infraestructura que nos permita poner en valor esta
zona para el beneficio de sus habitantes.
Hasta el momento, se
ha realizado la captura de 136 delincuentes-terroristas entre ellos importantes
mandos y líderes en las zonas del VRAE y Alto Huallaga. Debo destacar, en ese sentido, la captura del cabecilla Florindo
Eleuterio Flores (a) “Artemio”, y la ejecución de numerosas operaciones y 25 acciones
militares-policiales orientadas a desarticular la estructura de los
delincuentes-terroristas.
En lo que respecta al VRAEM, vamos a perseverar
en la ruta de acabar con la amenaza del narcotráfico y el terrorismo en esta
región. Además de la acción
de las FFAA y Fuerzas policiales, hemos comenzado a desarrollar un plan para
acercar el Estado a las comunidades.
He dado instrucciones a todas las
dependencias públicas para reforzar su actividad en el VRAEM llevando más
programas de salud, desarrollo alternativo, educación, vivienda e
infraestructura a fin de que las poblaciones sientan que tienen nuevas
oportunidades para progresar.
En este marco, en el
VRAEM dispuse que el Banco de la Nación acercara los servicios financieros a
las zonas de Llochegua, Pichari, Palmapampa, entre otras localidades.
Este Plan de Bancarización, combinado con la
presencia de comisarias en las zonas nos permitirá hacer efectiva la presencia
del Estado donde antes nunca estuvo.
En el Huallaga la tarea es consolidar la
pacificación lograda, añadimos a la presencia de los programas estatales, de
las comisarías y el acceso a los servicios financieros ofrecidos por el Banco
de la Nación, un programa de instalación de puentes a lo largo del rio Huallaga
que facilitará el tránsito de los pobladores y su producción.
En el terreno
operativo, estamos mejorando los aspectos de logística, equipamiento y
personal.
Estamos priorizando la presencia de personal militar profesional para
las acciones operativas e incorporando nuevas bases contraterroristas en zonas
estratégicas, entre otras acciones.
La vinculación de la
violencia terrorista con las actividades del narcotráfico hace más compleja la
intervención estatal, pues requiere de acciones integrales y multisectoriales.
Desde esta perspectiva, las acciones de interdicción han permitido la
destrucción de pozas de maceración y de alrededor
de 1200 laboratorios de procesamiento; el decomiso de 8500 kg de PBC, 9300 kg
de clorhidrato de cocaína.
Una atención especial y focalizada merecerá el control
de los insumos químicos necesarios para la elaboración de la droga pues estamos
convencidos que sin ellos el narcotráfico se verá seriamente afectado.
Requerimos el concurso del sector industrial productor de estos insumos para
que ajuste sus niveles de producción de manera tal que la misma no sea derivada
hacia quienes la usan con fines delictivos. En lo que va de la gestión, hemos incautado
más de 1 millón de kg de insumos químicos necesarios para la producción de
drogas.
Estamos realizando acciones más eficaces para controlar
el lavado de activos. Cabe mencionar la operación Alas, donde se incautó
bienes por un monto de 43 millones de dólares; el caso “Alanya” donde se
recuperó bienes por 40 millones de dólares, y el caso “Bokassa” donde se incautó inmuebles, predios, y vehículos, por 100
millones de dólares.
Pero también luchamos contra la minería ilegal, porque no debemos
permitir que el mercurio, el cianuro y los combustibles ingresen irregularmente
a diversas regiones de nuestra geografía para contaminar sus bosques, ríos y la
alimentación de sus habitantes.
No podemos seguir
indiferentes a la destrucción de alrededor de 20 mil hectáreas de bosques en
Madre de Dios, una de las reservas de la biodiversidad del planeta. La minería
ilegal afecta también los valles costeños y andinos.
Es imperativo cambiar esta situación y hemos
comenzando a hacerlo. Se ha elaborado un nuevo marco legal que ahora toca
implementar.
Teniendo en cuenta
que en los últimos años, los niveles delictivos y de inseguridad se han
incrementado notablemente, ha llegado el momento de tomar
decisiones inmediatas para avanzar en la construcción de un marco legal que
permita resultados concretos y evitar que la criminalidad y la delincuencia
avancen.
Así como, optimizar
las competencias de los sectores interior y defensa e implementar órganos que contribuyan a la protección de los derechos
fundamentales del personal militar y policial en el marco de la sacrificada
labor que desarrolla y en la supervisión de los deberes del Estado.
Es por ello que
solicitaremos al Congreso de la República que nos otorgue facultades para legislar en materia de lucha
contra la delincuencia, criminalidad organizada, seguridad ciudadana y defensa
nacional.
Estoy seguro que en
esta iniciativa, tendremos también la comprensión y el apoyo necesario de la
mayoría de congresistas de la República.
La ardua y compleja
labor de nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la lucha contra la
inseguridad, el terrorismo, el narcotráfico y demás actividades ilícitas exige
al Estado la mejora de las condiciones en el personal dotándolo de
capacitación especializada como la lograda para los jóvenes del servicio
militar voluntario mediante convenios con institutos tecnológicos.
Igualmente se han asignado 1,000 becas 18 para
los licenciados en el presente año y aumento de propina en aproximadamente 60%.
En esta línea de
apoyar al capital humano de nuestras FFAA y Policía Nacional, hemos establecido una nueva escala remunerativa que permita cumplir con
los anhelos de nuestro personal y sus familias. Presentaremos al más
breve plazo el Proyecto de Ley que estoy seguro contará con el apoyo
mayoritario de este Congreso.
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